DESAFÍOS EN EL ÁMBITO MUNDIAL[1]
POR GUILERMO CORTÉS
Para que la cultura contribuya efectivamente al desarrollo debe sustentarse en condiciones de equidad y libertad. La condición de equidad requiere que los individuos – especialmente las minorías-, tengan un acceso democrático a los medios para expresar y satisfacer sus necesidades culturales, y a toda la diversidad y calidad de productos y servicios que ofrece la cultura. Las condiciones de libertad implican el respeto y reconocimiento de las prioridades e intereses de productores y consumidores. En el marco de la globalización, de este difícil equilibrio entre equidad y libertad depende que la cultura pueda actuar como un factor de desarrollo.
Durante estos años, los numerosos foros realizados en el mundo, la abundante bibliografía producida y las movilizaciones liberadas por organizaciones de diversa índole, han coincidido en el rol fundamental que cumple la cultura en el desarrollo de las personas y de las sociedades, y en especial, en la construcción de la democracia, la reafirmación de los derechos humanos y el logro del desarrollo sostenible. Por ello, los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales no han podido dejar de intervenir en el debate sobre el rol que la cultura desempeña en el mundo actual, lo que la ha puesto a la par de las preocupaciones vinculadas a la preservación del medio ambiente, la seguridad mundial y la economía internacional.
De ahí la insistencia en el rol fundamental que tienen los Estados en la implementación de políticas culturales que sean un componente clave en la estrategia de desarrollo y que estén estrechamente vinculadas a las demás políticas y planes gubernamentales, de manera que se conviertan en una prioridad en las agendas públicas. En esa lógica, las políticas culturales deben aspirar a promover el diálogo intercultural en el ámbito nacional e internacional, impulsar la creatividad y la participación de los ciudadanos en la vida cultural sin distinciones ni exclusiones, reforzar las medidas para preservar el patrimonio cultural, y estimar la industria cultural. Asimismo, deben reafirmar la idea de nación como una comunidad diversa y plural y, propiciar la integración social, la equidad e igualdad.
El proceso de globalización ha puesto de relieve la tendencia potencial hacia la hegemonización cultural, despertando preocupaciones acerca de la capacidad de las comunidades de mantener sus expresiones culturales. En un mundo que se globaliza, el desarrollo cultural en el ámbito nacional cobra aún mayor importancia, puesto que para que la globalización no se transforme en hegemonía cultural de una o más naciones sobre las otras, es preciso que todos los países cuenten con las condiciones para la creación, producción y circulación de sus contenidos y bienes culturales. Sólo los países con un pleno y libre desarrollo cultural podrán ser auténticos interlocutores en un mundo globalizado, y no simplemente receptores y consumidores pasivos de los productos culturales que provengan de otras regiones. La acción de los Estados, en el marco de la globalización, debe favorecer entonces el desarrollo cultural del país, fomentar la producción cultural interna, impulsar su difusión y propiciar las condiciones para la participación de todos los ciudadanos.
Promover la producción cultural no sólo supone considerar a aquellas actividades o industrias culturales de gran envergadura, como las grandes empresas editoriales, musicales, y televisivas. Implica tomar en cuenta también la creación cultural que el mercado no reconoce, la que tiene que ver, por ejemplo, con proyectos de edición y comunicación audiovisual de alcance más corto, pero que son sumamente significativos para una localidad o región, o las iniciativas de las radios y televisiones comunitarias, las redes de Internet y revistas electrónicas que trabajan en la difusión y transmisión de la cultura local. Todas ellas son iniciativas de grupos y redes menos poderosos, pero que actualmente resultan más innovadores, creativos y dinámicos.
Hoy en día no podemos desconocer que una parte considerable de la cultura genera un impacto económico similar a otros sectores económicos. Muchas actividades culturales dan origen a un sector productivo que genera una riqueza susceptible de ser apropiada en forma privada o pública y que, como la producción de cualquier otro tipo de bienes y servicios, contribuye al crecimiento económico global. La dimensión económica de estas actividades varía: algunas se desarrollan siguiendo la dinámica del mercado; otras son subvencionadas pro el Estado o por mecenas; y en muchos casos, sus motivaciones residen en ámbitos distintos al de las ganancias y no participan en la dinámicas económicas de la oferta y la demanda, donde el valor se refleja en un precio.
Es innegable que la cultura contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleo. La creciente importancia económica del sector cultural y su reconocimiento por los Estados han propiciado la necesidad de medir su impacto a través de variables como la incidencia den el producto bruto interno, el pago de derechos de autor, la producción, las ventas, las exportaciones, las importaciones, el empleo y la piratería. Además, se ha intentado conocer mejor la estructura de la oferta y demanda de bienes y servicios culturales, identificar la estructura de los diferentes mercados culturales, y reconocer las particularidades que definen y diferencian el empleo cultural de otros sectores. La información obtenida en muchos países ha servido para demostrar que la cultura no es una actividad insolvente sino que, por el contrario, puede representar un proyecto económico, a la vez que ha permitido justificar una intervención estatal más decidida en el sector de la cultura y en aquellas actividades culturales que si bien no rinden beneficios económicos, sí rinden beneficios sociales.
La participación del Estado desde esta óptica supone impulsar el desarrollo de una competitividad dinámica entre las actividades e industrias culturales, fortaleciendo a los productores nacionales y mejorando la capacidad de oferta como base para una integración más efectiva en los mercados locales, regionales y mundiales. Eso requiere, a su vez, fomentar la capacidad local de los creadores, artistas y empresarios que trabajan directa e indirectamente en el sector cultural, lo que va de la mano de la formación de lectores, espectadores de teatro y cine, televidentes y usuarios creativos de los recursos informáticos.
La experiencia de los países que viene trabajando estratégicamente sus industrias culturales demuestra que esos sectores pueden impulsar actividades con gran densidad de mano de obra calificada y con un elevado valor añadido, aprovechando los mercados regionales y subregionales que registran en los últimos decenios cambios fundamentales que les convierten en un poderoso mercado cultural.
No podemos dudar, entonces, que las actividades culturales tienen cada vez más un mayor impacto económico en términos de renta y ocupación. Por ello, no sorprende que la cultura tenga un papel relevante en la economía mundial. De ahí que ella sea un tema que ingresa también en la agenda de la liberalización económica en el ámbito mundial, y particularmente en los procesos de negociación de los tratados de libre comercio.
Sin lugar a dudas, la liberalización comercial tiene repercusiones en la cultura en áreas tales como los servicios, los bienes, la inversión y la propiedad intelectual. Sin embargo, la cultura y las industrias culturas no gozan de un marco de discusión propio en la mayoría de los procesos de negociación de libre comercio. A esto hay que añadir que el tema de la cultura se analiza principalmente desde la óptica de la defensa de las identidades y del patrimonio, y que en muchos casos no existe una estrategia sectorial a defender, es decir, no se cuenta con una estrategia de negociación conjunta entre los gobiernos y el sector privado que tome en cuenta las particularidades del sector cultural. Por último, existen claras asimetrías entre las partes que negocian, cada una de ellas con unas realidades específicas que también le dan un sentido a la orientación de estas negociaciones.
De ahí que los procesos de negociación hayan suscitado una preocupación acerca del impacto que ellos pueden tener en la diversidad cultural y en la soberanía respecto a la formulación de políticas culturales, ya en sus efectos directos e indirectos transcienden el ámbito meramente económico y comprenden aspectos culturales.
En el marco de los tratados de libre comercio, la cultura enfrenta dos posiciones claramente opuestas. Por un lado, la producción cultural está íntimamente ligada al concepto de entretenimiento –y es producida con ese objetivo bajo los parámetros de cualquier otro bien o servicio comercial-; por otro, la producción cultural no sólo entretiene sino que transmite contenidos simbólicos y provee elementos constitutivos de la identidad. Bajo esa premisa, los bienes y servicios culturales, fuentes de valores y tradiciones a la vez que realidad económica, contribuyen a la conformación ciudadana, la promoción del desarrollo social y al crecimiento económico del país. Así, en la medida en que son portadores de identidad, de valores y sentido, los bienes y servicios culturales no deben considerarse como mercancías o bienes de consumo; su receptor es un participante cultural y no un mero espectador o consumidor.
De hecho, a lo largo de estos años, paralelamente a al discusión sobre las políticas culturales, los Estados han ido realizando un ejercicio de formulación y aplicación que en la mayoría de los países occidentales se ha desarrollado a partir de cuatro grandes principios: el valor estratégico de la cultura como difusora de estándares simbólicos y comunicativos; como base en la que fundamentar las identidades colectivas, y por tanto, las identidades de las naciones y Estados; como un elemento positivo, tanto en lo económico como en lo social; al desarrollar la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas y los territorios; y finalmente su valor por la necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter cultural, histórico o natural (Subirats 2002).
Sin embargo, hoy más que nunca las políticas culturales deben pensarse como políticas sociales, al tiempo que también resulta necesario atender debidamente las bases culturales de cualquier desarrollo consistente y sostenido. Las nuevas políticas culturales deberían facilitar la organización de una sociedad que comunique identidades múltiples en un espacio público reforzado, sentido como propio precisamente porque en él es posible compatibilizar distintas maneras de vivir juntos. No podemos construir democráticamente políticas culturales para sociedades integradas si no es sobre la base de la solidaridad entre los diferentes. De modo que una base absolutamente imprescindible para una política cultural democrática será la de adoptar pactos entre culturas y permitir un pluralismo efectivo y no simplemente la “tolerancia” resignada de lo diverso que no nos cambia ni interpela (Caetano 2003).
Se propone pasar de la afirmación de la multiculturalidad a la construcción de la interculturalidad (Martín Barbero). El modelo intercultural implica un estatuto legal específico, la creación de un espacio público que reconozca esa realidad en instituciones igualitarias que, de forma imaginativa y funcional, sean capaces de hacerse creíbles y sostenibles. Su fuerza estribará en su capacidad de mantener la representación de las distintas sensibilidades e identidades. Ello exige buscar políticas culturales innovadoras, fórmulas nuevas, sin cerrar caminos, creando instituciones más contenedoras que limitadoras, más “marco” que acabadas. Instituciones que entiendan que el pluralismo cultural exige aceptar que hay muchas maneras de ser. Necesitamos que en el mismo movimiento en que s e afirme la diferencia se afirme también la reciprocidad y la solidaridad (Subirats 2002). Políticas Culturales para orientar, desarrollar y dar respuesta a las necesidades de la población.
Se trata de pasar de una estrategia de pasividad y de espera de la acción del Estado a otra en la que se analice el recurso disponible y se forme estados de opinión para poder generar nuevas políticas y nuevos consensos (Martinell 2000). El gran desafío de la formulación y puesta en práctica de las políticas culturales es que una intervención no sólo satisfaga las necesidades culturales de ciertas personas y comunidades, sino que consiga incidir en algún tiempo de cambio o transformación social. Por ello, hoy más que nunca la política cultural no debe resistirse al cambio, sino generar capacidades para gestionarlo en el contexto de las constantes transformaciones mundiales de la economía y la cultura.
Bibliografía
CAETANO, Gerardo
2003 “Políticas culturales y desarrollo social. Algunas notas para revisar conceptos”. En: Pensar Iberoamérica 4, junio-septiembre. Madrid:OEI
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1990 Políticas culturales en Iberoamérica y el mundo. Madrid: Editorial Tecnos.
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2000 “Agentes y políticas culturales: los ciclos de las políticas
culturales”.
Cátedra de UNESCO sobre políticas culturales y cooperación. Universidad de Girona.
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del Ministerio de Cultura de Colombia, julio.
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sobre las Políticas Culturales en Asia.
1975 Declaración de Accra. Conferencia Intergubernamental sobre
Políticas Culturales en África.
1976 Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural.
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Políticas Culturales en América Latina y el Caribe.
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SUBIRATS, Joan
2002 La construcción de políticas culturales. Globalización e
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Cultura.
ZAPATA, Antonio
2005 Cultura, diversidad y conocimientos ante los tratados de libre
comercio. Lima: Convenio Andrés Bello
[1] Extracto del texto “Tan lejos, tan cerca: Los vaivenes de las políticas culturales.” En: CORTEZ, Guillermo y Víctor VICH, Políticas culturales. Ensayos críticos. IEP. 2006.
POR GUILERMO CORTÉS
Para que la cultura contribuya efectivamente al desarrollo debe sustentarse en condiciones de equidad y libertad. La condición de equidad requiere que los individuos – especialmente las minorías-, tengan un acceso democrático a los medios para expresar y satisfacer sus necesidades culturales, y a toda la diversidad y calidad de productos y servicios que ofrece la cultura. Las condiciones de libertad implican el respeto y reconocimiento de las prioridades e intereses de productores y consumidores. En el marco de la globalización, de este difícil equilibrio entre equidad y libertad depende que la cultura pueda actuar como un factor de desarrollo.
Durante estos años, los numerosos foros realizados en el mundo, la abundante bibliografía producida y las movilizaciones liberadas por organizaciones de diversa índole, han coincidido en el rol fundamental que cumple la cultura en el desarrollo de las personas y de las sociedades, y en especial, en la construcción de la democracia, la reafirmación de los derechos humanos y el logro del desarrollo sostenible. Por ello, los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales no han podido dejar de intervenir en el debate sobre el rol que la cultura desempeña en el mundo actual, lo que la ha puesto a la par de las preocupaciones vinculadas a la preservación del medio ambiente, la seguridad mundial y la economía internacional.
De ahí la insistencia en el rol fundamental que tienen los Estados en la implementación de políticas culturales que sean un componente clave en la estrategia de desarrollo y que estén estrechamente vinculadas a las demás políticas y planes gubernamentales, de manera que se conviertan en una prioridad en las agendas públicas. En esa lógica, las políticas culturales deben aspirar a promover el diálogo intercultural en el ámbito nacional e internacional, impulsar la creatividad y la participación de los ciudadanos en la vida cultural sin distinciones ni exclusiones, reforzar las medidas para preservar el patrimonio cultural, y estimar la industria cultural. Asimismo, deben reafirmar la idea de nación como una comunidad diversa y plural y, propiciar la integración social, la equidad e igualdad.
El proceso de globalización ha puesto de relieve la tendencia potencial hacia la hegemonización cultural, despertando preocupaciones acerca de la capacidad de las comunidades de mantener sus expresiones culturales. En un mundo que se globaliza, el desarrollo cultural en el ámbito nacional cobra aún mayor importancia, puesto que para que la globalización no se transforme en hegemonía cultural de una o más naciones sobre las otras, es preciso que todos los países cuenten con las condiciones para la creación, producción y circulación de sus contenidos y bienes culturales. Sólo los países con un pleno y libre desarrollo cultural podrán ser auténticos interlocutores en un mundo globalizado, y no simplemente receptores y consumidores pasivos de los productos culturales que provengan de otras regiones. La acción de los Estados, en el marco de la globalización, debe favorecer entonces el desarrollo cultural del país, fomentar la producción cultural interna, impulsar su difusión y propiciar las condiciones para la participación de todos los ciudadanos.
Promover la producción cultural no sólo supone considerar a aquellas actividades o industrias culturales de gran envergadura, como las grandes empresas editoriales, musicales, y televisivas. Implica tomar en cuenta también la creación cultural que el mercado no reconoce, la que tiene que ver, por ejemplo, con proyectos de edición y comunicación audiovisual de alcance más corto, pero que son sumamente significativos para una localidad o región, o las iniciativas de las radios y televisiones comunitarias, las redes de Internet y revistas electrónicas que trabajan en la difusión y transmisión de la cultura local. Todas ellas son iniciativas de grupos y redes menos poderosos, pero que actualmente resultan más innovadores, creativos y dinámicos.
Hoy en día no podemos desconocer que una parte considerable de la cultura genera un impacto económico similar a otros sectores económicos. Muchas actividades culturales dan origen a un sector productivo que genera una riqueza susceptible de ser apropiada en forma privada o pública y que, como la producción de cualquier otro tipo de bienes y servicios, contribuye al crecimiento económico global. La dimensión económica de estas actividades varía: algunas se desarrollan siguiendo la dinámica del mercado; otras son subvencionadas pro el Estado o por mecenas; y en muchos casos, sus motivaciones residen en ámbitos distintos al de las ganancias y no participan en la dinámicas económicas de la oferta y la demanda, donde el valor se refleja en un precio.
Es innegable que la cultura contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleo. La creciente importancia económica del sector cultural y su reconocimiento por los Estados han propiciado la necesidad de medir su impacto a través de variables como la incidencia den el producto bruto interno, el pago de derechos de autor, la producción, las ventas, las exportaciones, las importaciones, el empleo y la piratería. Además, se ha intentado conocer mejor la estructura de la oferta y demanda de bienes y servicios culturales, identificar la estructura de los diferentes mercados culturales, y reconocer las particularidades que definen y diferencian el empleo cultural de otros sectores. La información obtenida en muchos países ha servido para demostrar que la cultura no es una actividad insolvente sino que, por el contrario, puede representar un proyecto económico, a la vez que ha permitido justificar una intervención estatal más decidida en el sector de la cultura y en aquellas actividades culturales que si bien no rinden beneficios económicos, sí rinden beneficios sociales.
La participación del Estado desde esta óptica supone impulsar el desarrollo de una competitividad dinámica entre las actividades e industrias culturales, fortaleciendo a los productores nacionales y mejorando la capacidad de oferta como base para una integración más efectiva en los mercados locales, regionales y mundiales. Eso requiere, a su vez, fomentar la capacidad local de los creadores, artistas y empresarios que trabajan directa e indirectamente en el sector cultural, lo que va de la mano de la formación de lectores, espectadores de teatro y cine, televidentes y usuarios creativos de los recursos informáticos.
La experiencia de los países que viene trabajando estratégicamente sus industrias culturales demuestra que esos sectores pueden impulsar actividades con gran densidad de mano de obra calificada y con un elevado valor añadido, aprovechando los mercados regionales y subregionales que registran en los últimos decenios cambios fundamentales que les convierten en un poderoso mercado cultural.
No podemos dudar, entonces, que las actividades culturales tienen cada vez más un mayor impacto económico en términos de renta y ocupación. Por ello, no sorprende que la cultura tenga un papel relevante en la economía mundial. De ahí que ella sea un tema que ingresa también en la agenda de la liberalización económica en el ámbito mundial, y particularmente en los procesos de negociación de los tratados de libre comercio.
Sin lugar a dudas, la liberalización comercial tiene repercusiones en la cultura en áreas tales como los servicios, los bienes, la inversión y la propiedad intelectual. Sin embargo, la cultura y las industrias culturas no gozan de un marco de discusión propio en la mayoría de los procesos de negociación de libre comercio. A esto hay que añadir que el tema de la cultura se analiza principalmente desde la óptica de la defensa de las identidades y del patrimonio, y que en muchos casos no existe una estrategia sectorial a defender, es decir, no se cuenta con una estrategia de negociación conjunta entre los gobiernos y el sector privado que tome en cuenta las particularidades del sector cultural. Por último, existen claras asimetrías entre las partes que negocian, cada una de ellas con unas realidades específicas que también le dan un sentido a la orientación de estas negociaciones.
De ahí que los procesos de negociación hayan suscitado una preocupación acerca del impacto que ellos pueden tener en la diversidad cultural y en la soberanía respecto a la formulación de políticas culturales, ya en sus efectos directos e indirectos transcienden el ámbito meramente económico y comprenden aspectos culturales.
En el marco de los tratados de libre comercio, la cultura enfrenta dos posiciones claramente opuestas. Por un lado, la producción cultural está íntimamente ligada al concepto de entretenimiento –y es producida con ese objetivo bajo los parámetros de cualquier otro bien o servicio comercial-; por otro, la producción cultural no sólo entretiene sino que transmite contenidos simbólicos y provee elementos constitutivos de la identidad. Bajo esa premisa, los bienes y servicios culturales, fuentes de valores y tradiciones a la vez que realidad económica, contribuyen a la conformación ciudadana, la promoción del desarrollo social y al crecimiento económico del país. Así, en la medida en que son portadores de identidad, de valores y sentido, los bienes y servicios culturales no deben considerarse como mercancías o bienes de consumo; su receptor es un participante cultural y no un mero espectador o consumidor.
De hecho, a lo largo de estos años, paralelamente a al discusión sobre las políticas culturales, los Estados han ido realizando un ejercicio de formulación y aplicación que en la mayoría de los países occidentales se ha desarrollado a partir de cuatro grandes principios: el valor estratégico de la cultura como difusora de estándares simbólicos y comunicativos; como base en la que fundamentar las identidades colectivas, y por tanto, las identidades de las naciones y Estados; como un elemento positivo, tanto en lo económico como en lo social; al desarrollar la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas y los territorios; y finalmente su valor por la necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter cultural, histórico o natural (Subirats 2002).
Sin embargo, hoy más que nunca las políticas culturales deben pensarse como políticas sociales, al tiempo que también resulta necesario atender debidamente las bases culturales de cualquier desarrollo consistente y sostenido. Las nuevas políticas culturales deberían facilitar la organización de una sociedad que comunique identidades múltiples en un espacio público reforzado, sentido como propio precisamente porque en él es posible compatibilizar distintas maneras de vivir juntos. No podemos construir democráticamente políticas culturales para sociedades integradas si no es sobre la base de la solidaridad entre los diferentes. De modo que una base absolutamente imprescindible para una política cultural democrática será la de adoptar pactos entre culturas y permitir un pluralismo efectivo y no simplemente la “tolerancia” resignada de lo diverso que no nos cambia ni interpela (Caetano 2003).
Se propone pasar de la afirmación de la multiculturalidad a la construcción de la interculturalidad (Martín Barbero). El modelo intercultural implica un estatuto legal específico, la creación de un espacio público que reconozca esa realidad en instituciones igualitarias que, de forma imaginativa y funcional, sean capaces de hacerse creíbles y sostenibles. Su fuerza estribará en su capacidad de mantener la representación de las distintas sensibilidades e identidades. Ello exige buscar políticas culturales innovadoras, fórmulas nuevas, sin cerrar caminos, creando instituciones más contenedoras que limitadoras, más “marco” que acabadas. Instituciones que entiendan que el pluralismo cultural exige aceptar que hay muchas maneras de ser. Necesitamos que en el mismo movimiento en que s e afirme la diferencia se afirme también la reciprocidad y la solidaridad (Subirats 2002). Políticas Culturales para orientar, desarrollar y dar respuesta a las necesidades de la población.
Se trata de pasar de una estrategia de pasividad y de espera de la acción del Estado a otra en la que se analice el recurso disponible y se forme estados de opinión para poder generar nuevas políticas y nuevos consensos (Martinell 2000). El gran desafío de la formulación y puesta en práctica de las políticas culturales es que una intervención no sólo satisfaga las necesidades culturales de ciertas personas y comunidades, sino que consiga incidir en algún tiempo de cambio o transformación social. Por ello, hoy más que nunca la política cultural no debe resistirse al cambio, sino generar capacidades para gestionarlo en el contexto de las constantes transformaciones mundiales de la economía y la cultura.
Bibliografía
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culturales”.
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sobre las Políticas Culturales en Asia.
1975 Declaración de Accra. Conferencia Intergubernamental sobre
Políticas Culturales en África.
1976 Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida cultural.
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Políticas Culturales en América Latina y el Caribe.
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2002 La construcción de políticas culturales. Globalización e
Identidades. Barcelona: Foro Metropolitano de Regidores de
Cultura.
ZAPATA, Antonio
2005 Cultura, diversidad y conocimientos ante los tratados de libre
comercio. Lima: Convenio Andrés Bello
[1] Extracto del texto “Tan lejos, tan cerca: Los vaivenes de las políticas culturales.” En: CORTEZ, Guillermo y Víctor VICH, Políticas culturales. Ensayos críticos. IEP. 2006.
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